Violencia en el sur e inoperancia del Estado
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En la macrozona sur, las instituciones del Estado han fracasado por años en lo que es una responsabilidad fundamental: garantizar la seguridad y la paz. Eso ha ocurrido bajo gobiernos de distinto signo político, pero bajo el actual, el recrudecimiento de la violencia en la zona y las constantes -y graves- contradicciones entre autoridades, están llevando la situación a lo que tal vez sea su peor momento.
La lista es tan larga como desconcertante. Mientras el subsecretario del Interior insiste en hablar de “un problema político histórico” del Estado de Chile, el propio Gobierno está poniendo sobre la mesa un estado de excepción acotado a algunas rutas que vuelve a permitir el despliegue de las FFAA, luego de haber cancelado el decretado por su antecesor por considerarlo inadecuado, un enfoque parcial que elude el problema de seguridad de fondo.
Las contradicciones e indecisiones de las autoridades contribuyen a una inquietante sensación de inoperancia que agrava esta crisis.
Mientras el fiscal nacional encargado de Delitos Violentos recuerda que La Araucanía concentra el 80% de los ilícitos violentos a nivel nacional, la cantidad de detenidos e imputados por ello es una mínima fracción de ese porcentaje, y él mismo afirma que los ataques “solo se han ido agravando, en cuanto a su número y su intensidad”.
Mientras la ministra de Justicia se retracta por haber afirmado que hay “presos políticos” vinculados al llamado conflicto mapuche, miembros de la coalición gobernante mantienen esa posición.
Entrevistados por este diario en la edición de ayer, cuatro líderes empresariales del sur coinciden en pedir al gobierno que enfrente sin más tardanza la creciente violencia, tratando en forma aparte las demandas de pueblos originarios, lo que según ellos requiere un enfoque “multisistémico”.
Diversas encuestas recogen que el temor a la inseguridad -que incluye lo anterior, pero también una fuerte alza de la violencia delincuencial en otros lugares, como Santiago y el norte- se ha vuelto la principal preocupación de la ciudadanía. Las contradicciones e indecisiones de la autoridad contribuyen a una inquietante sensación de inoperancia que sólo sirve para agravar esta crisis.
